El contexto mundial favorece la adopción de objetivos ambiciosos en materia energética, pero ¿diseñarán las futuras gestiones gubernamentales el plan que implican las nuevas demandas socio-ambientales, económicas y hasta culturales que son un emergente en el país? El autor plantea la necesidad de avanzar en las políticas trazadas por el Gobierno del Presidente Mauricio Macri en lo que hace a Generación Distribuida de Energía Renovables integrada a la red eléctrica pública. En este sentido pone de manifiesto el desafío que deberán asumir las nuevas autoridades nacionales para profundizar en todas las provincias argentinas el esquema de eficiencia energética y energías limpias.
¿Nota cada quien los efectos de las energías no renovables en el cambio climático?, ¿advierten en su industria, PyME u hogar la influencia que tiene el costo de la energía no renovable en su economía?, y además, ¿es justo que haya un solo proveedor de energía cuando podría haber muchos, democratizándola?
Favoreciendo la instalación de equipos de Generación Distribuida, como paneles solares u otras tecnologías, se puede generar energía limpia para el autoconsumo, reducir la demanda y, eventualmente, inyectar el excedente generado a la red de distribución obteniendo un beneficio económico. Y como si todo esto fuera poco se obtienen otras compensaciones, porque las fuentes renovables no producen gases contaminantes, no generan residuos de difícil tratamiento, son inagotables, con una producción estable el precio energético no sufre altibajos y crean cinco veces más puestos de trabajo que las convencionales (fabricación, instalación, mantenimiento y comercialización) contribuyendo a la mejora en la economía del país.
Pero, ¿está la Argentina realmente dispuesta a cambiar definitivamente la lógica energética en favor del ambiente y de los ciudadanos (y su economía)?
La nación goza desde Diciembre de 2017 de la Ley de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la red eléctrica pública Nº 27.424, además de las disposiciones del Decreto 986/2018, la Resolución 314/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía y las Disposiciones 28/2019, 48/2019, 62/2019, 83/2019, 97/2019 y 113/2019 (y sus anexos) de la Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Es decir, la gestión del Presidente Mauricio Macri ha abierto el camino hacia un cambio estructural en la dinámica energética del país. ¿Estarán las nuevas autoridades a la altura del desafío que esto implica para los próximos años?
Innovación en materia energética. Especial atención a la Generación Distribuida.
La política de energía del Gobierno de Mauricio Macri buscó la seguridad de abastecimiento, diversificar la matriz energética, normalizar mercados que estaban distorsionados, asignar con transparencia los recursos del Estado y garantizar una provisión confiable para abastecer a los hogares y las empresas argentinas.
Cuando el Presidente asumió los estudios arrojaron resultados dramáticos en esta materia: la producción de petróleo llevaba casi dos décadas de caída ininterrumpida y la de gas había bajado un 18% desde 2004; el país había pasado de ser un exportador neto de energía a importar millones de dólares por año, y el Estado dedicaba el 3% del PBI a subsidios mal diseñados y mal distribuidos[1].
Las medidas llevadas adelante por Macri hicieron crecer la producción de petróleo y de gas, principalmente gracias al desarrollo de Vaca Muerta, cuya actividad estaba detenida.
Además, se modificó la manera en la que el Estado subsidiaba el consumo, dirigiéndola, ahora, realmente en quienes más lo necesitan. Los subsidios a la energía cayeron hasta alcanzar el número más bajo desde 2009; entre otros factores, porque los usuarios sin tarifa social, que antes pagaban menos del 30% del valor del gas en su factura, pagaron alrededor del 80% en lo que va del 2019[2].
También se normalizó el mercado de combustibles y naftas hasta hacerlo coincidir con el precio internacional.
En 2018 Argentina volvió a exportar gas a Chile después de once años.
Y, como si estas iniciativas coyunturales fueran pocas, en la reestructuración energética del país también se buscaron cambios estructurales: en el periodo 2016-2019 se diversificó la matriz con un impulso importante a las energías renovables.
Los años de desidia previos a la gestión de Macri, caracterizados por la falta de inversión, impidieron que la demanda eléctrica fuera cubierta por energías limpias. Y, como no existía un andamiaje comercial, científico ni legal vinculado a esto, al asumir el equipo de Macri, tuvo que construir el ecosistema de servicios completo. Pero lo hizo con tanto éxito que para diciembre de 2018, las energías renovables (eólica y solar) aportaron, en promedio, el 4,5% de la generación del sistema eléctrico.
Energía distribuida. Hacia una democratización de los recursos.
La “Energía Distribuida” es la prueba cabal de los países que la asumen como política de Estado de que efectivamente quieren impulsar las fuentes renovables y democratizar la energía en todos los estamentos del proceso: desde su producción hasta su consumo (racional) final.
En diciembre de 2017 se promulgó en Argentina la Ley de Generación Distribuida[1], lo que representa un cambio en el paradigma actual: posibilita la descentralización de la generación eléctrica, reacciona ante la urgencia que tenemos de orientarnos hacía energías limpias, significa una gran oportunidad para las economías regionales y es la mejor respuesta ante el desafío que impone el cambio climático.
La Generación Distribuida se trata de un sistema de cooperación, un modelo estratégico y descentralizado, que hace que una ciudad sea más autosuficiente y no dependa sólo de las grandes usinas para su abastecimiento energético. Así se acercan las plantas de generación al consumidor final, reduciendo la infraestructura en transporte necesaria para la entrega de la energía, y disminuyendo las perdidas en las redes.
Provincias pro crecimiento versus comarcas subdesarrolladas
A partir de la Ley aprobada por el Congreso, durante la gestión de Mauricio Macri como Presidente, existen beneficios promocionales para los usuarios-generadores de energía; entre ellos el Certificado de Crédito Fiscal (CCF) que puede ser utilizado para el pago de impuestos nacionales o impuestos internos. Ahora bien, ¿cuál es el escollo? que ésta y tantas otras ayudas se potencian si se complementan con los incentivos provinciales que eventualmente instrumente cada jurisdicción, pero aún hay provincias que no adhieren a la normativa.
En 2015 el presidente Mauricio Macri asumía el compromiso de Argentina de ser un país sustentable, ante la Conferencia sobre Cambio Climático de París. En ese sentido decía: “El mundo entero está comprometido en buscar alternativas para producir energía” y, en consecuencia, gestó y llevó adelante un plan indiscutido que puso al país en el camino del desarrollo energético sustentable, amigado con
el ambiente y de cara al futuro. Con todas estas facilidades, me pregunto ¿por qué hay provincias que prefieren mantenerse al margen?, ¿por qué no impulsan la adhesión a las leyes nacionales que brindarían el marco propicio para el crecimiento de fuentes renovables de generación de energía, ni incentivan la aprobación de las disposiciones provinciales que darían encuadre legal a todos los emprendimientos y hogares que tienen intención de invertir en autogeneración de energía eléctrica? y ¿qué incidencia tienen las actuales distribuidoras de energías y cooperativas en la no decisión en este sentido por parte de los estados provinciales?
Hay provincias argentinas (Chubut, La Rioja, Chaco, CABA, Río Negro, Córdoba y Corrientes)[1] que han buscado instrumentar políticas de eficiencia energética y garantizar, para todos, el acceso a una energía sostenible y moderna adhiriendo a la Ley Nacional; hay otras que han creado regímenes propios, que son un gran paso, pero quedan afuera de las ventajas de la adhesión; y otras que siguen sin dar muestras de interés para discutir y poner en funcionamiento las normativas que le darían marco al desarrollo energético.
Desafíos del nuevo Gobierno Nacional (2019-2023). Conservar y potenciar.
Para los próximos años, los desafíos de las nuevas gestiones deberían ser mantener la tendencia actual de mayor producción energética, realizar más inversiones y generar más empleo en las zonas productoras; consolidar la infraestructura que permita mantener el crecimiento de Vaca Muerta; desarrollar mercados mayoristas de hidrocarburos, que permitan mayor competencia y una menor intervención del Estado; y continuar el trabajo con las empresas para seguir mejorando la calidad del servicio a los usuarios.
Para que esto se dé hará falta estabilidad macroeconómica y reglas claras.
Retos en cuanto a energías renovables
La gestión de Macri deja una gran oportunidad que debe ser aprovechada: la base para la diversificación de la matriz eléctrica y el camino para mutar
definitivamente a una amigable con el ambiente. Para darle continuidad a estas políticas será necesario que exista un fuerte compromiso del nuevo Gobierno con la producción de energía a través de fuentes renovables.
No menor será seguir el camino mejorando el diseño de viviendas e industrias y reemplazando artefactos de bajo nivel de eficiencia por otros que cuiden el ambiente.
Otro punto a considerar por las nuevas autoridades: Fomentar la movilidad sostenible a través de la incorporación de vehículos cero emisiones, entre los cuales el eléctrico destaca como la solución más factible para los próximos años.
Retos en materia de Generación Distribuida específicamente.
Si las nuevas autoridades se advienen a continuar con el cambio de paradigma tendrán que ser flexibles a la idea de la generación eléctrica descentralizada.
El primer punto habrá de constituirlo que todas las provincias trabajen en consonancia con la Ley Nacional y eliminen sus indefiniciones para brindarle certezas a los usuarios, “prosumidores”, distribuidores y al mercado en general.
Luego, el Gobierno Nacional habrá de incentivar que las distintas jurisdicciones argentinas acompañen la Ley Nacional con beneficios impositivos y créditos bancarios blandos, siempre apoyados en un marco regulatorio.
Incentivar al resto de los sectores (no energéticos) a desarrollar modos de producción sustentable y propender a la integración energética con los países limítrofes a través de interconexiones, será esencial.
Sin dudas éstas medidas, y tantas otras que podrán arrojar las investigaciones que habrán de desarrollarse en el tema, serán posibles sólo si el futuro Gobierno está dispuesto a habilitar el presupuesto necesario, bajar los costos de instalación e inversión en esta tecnología, eliminar impuestos a la importación y promover el aprovechamiento energético. Todo, sin poner en riesgo la actividad económica ni la seguridad del suministro.
Conclusión
Argentina trabajó por años para trazar un camino hacia una matriz eléctrica verde y fomentar la eficiencia energética, pero no fue suficiente. Si se pretende ser un país sustentable energéticamente, las nuevas gestiones estatales deben dar continuidad a estas políticas.
El Programa de Generación Distribuida, encarado como una política pública por la gestión del Presidente Macri y sus colaboradores, representa el cambio de paradigma que está desarrollando el mundo: Pasar de una generación de energía eléctrica centralizada a una democratizada. Y, en este contexto, no sólo habla del uso de fuentes renovables para generar energía eléctrica destinada al autoconsumo y de la inyección del excedente a la red de distribución, sino que refiere también a la posibilidad de llevar este elemento vital a los habitantes de regiones remotas que aun hoy no forman parte del sistema eléctrico interconectado, favoreciendo el desarrollo de localidades o de áreas rurales y hasta creando puestos de trabajo.
La Generación Distribuida, mucho más barata que la energía eléctrica producida a partir de combustibles fósiles, hace posible -con inversiones pequeñas- alcanzar grandes objetivos.
En cuanto al punto de vista social, la Generación Distribuida puede hacer de la producción de la energía un asunto de toda la sociedad.
Los beneficios de la Generación Distribuida llegan tanto a las empresas eléctricas (que pueden evitar inversiones para mejorar la red de transporte y de distribución) como de los consumidores (que tienen la capacidad de convertirse en productores).
Pero todo ello requiere que se instrumenten una serie de políticas que incentiven los cambios estructurales (inversiones en generación, en infraestructuras, en tecnología, en modernas formas de edificación, etcétera); sostengan los nuevos marcos legales y regulatorios y, además, se realice una intensa coordinación, planificación y ejecución de acciones entre las diferentes instituciones públicas y privadas de forma responsable.
[1] Fuente: https://jxc.com.ar/ Tres años de gobierno / Infraestructura y Energía.
[2] Fuente: https://jxc.com.ar/ Tres años de gobierno / Infraestructura y Energía.
[3] Ley Nacional 27.424. Proyecto autoría del Diputado Nacional Juan Carlos Villalonga
[4] FCE-UBA, “índice provincial de atractivo renovable” (IPAR), Edición 2, Septiembre 2019.
Publicado en “Reflexiones Políticas IX”. Noviembre de 2019