Argentina, país federal por definición legal en su carta magna y en sus sentimientos, se debate en forma permanente como llegar a ese ansiado sueño de provincias fuertes y un estado nacional que coordine esa realidad.
Nuestra historia teñida de luchas intestinas entre unitarios y federales tiene una materia pendiente con ese objetivo.
La descentralización de gasto público, ingresos y distribución de recursos nacionales es uno de los grandes temas pendientes en esta época donde lograr el ansiado equilibrio fiscal toca a cada una de las provincias argentinas.
Definir el Régimen de Coparticipación Federal de impuestos es un mandato incumplido desde la reforma de la constitución nacional en 1994 la que puso plazo para el dictado de una nueva ley. Ese plazo vencido es la prueba cabal que la nueva ley que posibilitaría avanzar sobre un verdadero federalismo no está sancionada.
Actualmente rige la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, aprobada en el año 1988 sigue vigente debido a su cláusula de renovación automática que se dispara en caso de no sancionarse un nuevo esquema de distribución de recursos.
Que impide avanzar en la normativa legal se preguntan los argentinos. Y la respuesta es que una nueva ley deberá ser producto de un acuerdo más político que legislativo y la multiplicidad de intereses tanto económicos como de poder que rodean el tema es el gran escollo que impide llegar a un texto consensuado que reemplace al actual.
Los sucesivos pactos fiscales y modificaciones al sistema que se fueron dando durante estos años fueron producto de impulsos aislados algunas veces motivados por crisis económicas y otras por decisiones de llevar en concreto un cambio normativo más federal.
Durante el gobierno de Mauricio Macri se produjo un dialogo permanente entre las provincias y el poder central con el ánimo de solucionar parte del problema.
La transferencia automática de recursos coparticipables a las provincias fue un señal clara de respeto a las independencias políticas provinciales, con el objetivo que los recursos que les lleguen no sean producto de preferencias partidarias o ejercer el poder desde los recursos por parte del gobierno central.
A final del 2017 la aprobación del Consenso Fiscal significo más fondos para las provincias, siendo parte del mismo acuerdo la solución de un problema de años: la compensación a la provincia de Buenos Aires .
Como resultado directo de esa decisión de gobierno hoy 20 de las 22 provincias argentinas que suscribieron el acuerdo exhiben números envidiables: un superávit fiscal histórico para sus arcas locales.
Esta ley fue sancionada en el congreso nacional, previo acuerdo entre Nación y provincias, y entro en vigencia los primeros meses del 2018.
Otro tema abordado es la responsabilidad que le cabe a las jurisdicciones locales en la contención del gasto público y compartir el esfuerzo en lograr un equilibrio fiscal en las cuentas públicas paras sanear los números deficitarios del gasto.
Los gobernadores aceptaron bajar impuestos provinciales distorsivos pero por sobre todas las cosas la aprobación de la ley de Responsabilidad fiscal fijo compromisos de contención del gasto público por parte de las administraciones locales.
Se dieron pasos, hacia un federalismo de doble mano, mayores recursos y claramente establecidos a las provincias y responsabilidad de estas en la contención del gasto público.
Este aspecto del federalismo argentino, que esperemos siga por este camino de acuerdos y esfuerzos compartidos en transparencia y criterios de equidad contrasto con otro tema no menor, que se evidencia en el resultado electoral de las elecciones presidenciales de octubre.
Cual es la incidencia, ya no de recursos y gastos de las provincias sino en su peso electoral cuando le toca elegir al mandatario del gobierno central
En esto ya no hay normativa a corregir ni modificar. Ya no tiene que ver con leyes sino con realidades y es la distribución de la población en el territorio y su impacto en los resultados electorales.
En este aspecto el interior siempre reclama que las elecciones las define Provincia de Buenos Aires y su conurbano dejando al interior el sabor amargo que su preferencia electoral no impacta o impacta poco en los resultados de las urnas.
Analicemos el impacto de los electores por distritos de mayor relevancia y los números son muestra fiel que esa sensación de los que somos del interior sobre el peso electoral definitorio que tienen algunos distritos en una elección es real.
– Córdoba: 2.783.122 electores, 8,68% del padrón nacional.
– Mendoza: 1.363.804 electores, 4,25% del padrón nacional.
– Santa Fe: 2.680.736 electores, 8,36% del padrón nacional.
– San Luis: 358.615 electores, 1,12% del padrón nacional.
– Entre Ríos: 1.030.519 electores, 3,21% del padrón nacional.
– Ciudad de Buenos Aires: 2.549.050 electores, 7,95% del padrón nacional.
– La Matanza: 1.216.000 electores, 3,38% del padrón nacional.
– Conurbano bonaerense: 9.699.200 electores, 30,31% del padrón nacional.
– Provincia de Buenos Aires: 11.867.979 electores, 37% del padrón nacional.
Que tiene que ver una cosa con otra se preguntaran.
Una distribución equitativa de los recursos y no solo política, la compensación de desequilibrios regionales, la igualdad de oportunidades en la amplia geografía nacional no solo es un tema fiscal de recursos y gastos sino es la posibilidad que la distribución de la población en Argentina pueda naturalmente asentarse en el territorio de manera más equilibrada. Implicando como contrapartida de la distribución equitativa de recursos una distribución de la población más extendida en todo el territorio nacional.
Cuando los argentinos del interior percibamos que tenemos las mismas posibilidades de crecimiento estemos en el lugar que estemos de nuestra extensa geografía, de manera espontánea hará que decidamos vivir en otros puntos del país. Que trabajo y posibilidades de sostén social también estén distribuidos a lo largo y ancho del territorio colaborara a una distribución de la población más federal.
Por eso a la hora de hablar de recursos y gastos, seamos conscientes que las decisiones que se tomen en este sentido tienen un impacto en la distribución social y geográfica de la población y que ello impacta también en un federalismo electoral.
Publicado en “Reflexiones Políticas IX”. Noviembre de 2019