Opinión

Transparencia en la política y acceso a la información pública: Una tendencia irreversible. Por Julián Martín Obiglio

En los últimos tiempos se ha fortalecido el dictado de políticas públicas que tienden a transparentar el accionar político y facilitar el acceso a la información pública. Ello se debe a diversos motivos, pero principalmente al descubrimiento de escándalos globales de corrupción que han expuesto a funcionarios públicos de diversos países, actuando en connivencia con importantes empresas del sector privado, para concertar la obra pública y la ejecución de los fondos estatales.

Asimismo, una sociedad acostumbrada a obtener mediante dos clicks cualquier información que precise, ha comenzado a exigir que los datos públicos también sean de libre acceso y que se encuentren disponibles para cualquiera que desee conocerlos, estudiarlos o divulgarlos. Por otro lado, ello se ha visto potenciado por el rol de las nuevas generaciones de ciudadanos, cada vez más exigentes, conectados y globalizados, que demandan públicamente el cumplimiento de sus derechos, y esperan una rápida respuesta a sus necesidades, consultas o requerimientos.

Esta nueva realidad posiblemente sea uno de los mayores desafíos que los próximos tiempos presenten para los políticos y los desarrolladores de políticas públicas, tanto en nuestro país como en el mundo. Ello es así ya que el ciudadano hiperconectado y ultra informado, exigirá que el Estado (al cual mantiene en sus distintos niveles administrativos a través de sus impuestos) ponga a su disposición la información respecto de qué hace con los recursos públicos y para qué los utiliza, y que dicha información sea clara, sencilla y comprensible, con un acceso rápido y sencillo.

Frente a ello, los tomadores de decisiones políticas tendrán cada día menos posibilidades de negarse a impulsar e implementar medidas de transparencia y acceso a la información, sin pagar enormes costos electorales, de imagen y de gestión. Y la ciudadanía, los comunicadores y los formadores de opinión serán los encargados de auditarlos y hacer públicas sus negativas, errores o falta de interés por dichas políticas.

Considerando que esta realidad irá adquiriendo mayor impulso y relevancia en los tiempos por venir, cabe preguntarse qué deberían hacer los administradores públicos y líderes políticos para atender dicha demanda social y evitar el fracaso de su gestión.

En este sentido, existen algunas políticas que sería recomendable impulsar y aplicar en los tres niveles del Estado (nacional, provincial y municipal), y en los distintos ámbitos de la administración (ejecutiva, legislativa y judicial), que no solamente resultarán positivos para cada ámbito en el que sean aplicados, sino que además tendrán consecuencias favorables para el político que decida liderar su implementación.

La política que inicialmente cualquier administrador debería impulsar es el dictado de una normativa de acceso a la información. En Argentina, se sancionó en el año 2016 la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública (ley N° 27.275), que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública. Conforme se ha dispuesto en su articulado, los sujetos obligados han tenido plazo hasta el mes de septiembre de 2017 para adaptarse a las obligaciones en ella contenidas, debiendo crear en cada uno de ellos, un organismo con autonomía funcional, competencias y funciones idénticas a las de la Agencia de Acceso a la Información Pública Nacional, creada por dicha norma. Asimismo, la ley ha invitado a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a sus disposiciones.

Esta norma de acceso a la información es el puntapié inicial, y debe estar acompañada por otras que promuevan el gobierno abierto, fomentando la transparencia de la administración, la participación del ciudadano y la colaboración del Estado con aquél.

La trasparencia en la administración pública, de cualquier nivel estatal, deberá procurar que se brinde información sobre las políticas públicas que se están implementando desde cada órgano de gobierno. Ella debe incluir el mecanismo de decisiones, las actividades desarrolladas y los recursos aplicados, los procesos de gestión (como los expedientes en línea y los tableros de comando), los concursos, las licitaciones y compras, como así también la fuente concreta de la que se han tomado los datos que se informan.

Asimismo, dicha información debe ser de acceso sencillo y abierto (salvo materias restringidas, como seguridad y defensa, secretos industriales, datos personalísimos, secretos financieros, etc), debe entregarse en plazo oportuno, debe ser gratuita (o de costos razonables), y solamente podrá ser negada mediante decisión fundada.

Los procesos de transparencia tendrán como resultado el fomento de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas públicas, reduciendo en consecuencia las posibilidades de corrupción, e incrementando la confianza del votante en las instituciones públicas.

Corresponde a cada provincia resolver si adhiere a la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública, o si dicta su propia legislación con alcance análogo. En este sentido, muchas de ellas ya se encuentran trabajando en la elaboración de dicha normativa y también definiendo la creación de oficinas de acceso a la información, que aseguren el cumplimiento de los principios de transparencia y permitan un real involucramiento de sus ciudadanos.

Un buen ejemplo de estas iniciativas ha sido la creación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación de una oficina de acceso a la información parlamentaria, que además de contar con un espacio especial en su sitio web, es atendida a distancia y en forma presencial por personal especialmente asignado a tal efecto. En esta misma línea, diversas legislaturas provinciales como Mendoza, Corrientes y Córdoba han comenzado a trabajar en iniciativas similares junto a la Fundación Nuevas Generaciones, que ha desarrollado el “Programa de acceso a la información parlamentaria” para capacitar a funcionarios legislativos y sus equipos en el funcionamiento de una oficina de acceso a la información parlamentaria local, junto con las recomendaciones para el dictado de la normativa de acceso a la información.

Como mencionaba al comienzo de estas líneas, la transparencia en el accionar político y el acceso a la información pública son exigencias cada vez más presentes en la ciudadanía, en los comunicadores y en los formadores de opinión. Los tomadores de decisiones políticas tendrán cada día menos posibilidades de negarse a impulsarlos e implementarlos, sin pagar enormes costos electorales, de imagen y de gestión. Y dicha realidad se ve fortalecida por el rol de las nuevas generaciones de ciudadanos, cada vez más exigentes, conectados y globalizados, que cada día demandarán con mayor ímpetu (y así corresponde) el ejercicio de sus facultades de control.

Los políticos y administradores públicos que no entiendan esto, y no tomen debida iniciativa para el dictado de las políticas y regulaciones correspondientes, terminarán siendo sorprendidos por el reclamo social que les impondrá medidas que posiblemente se encuentren alejadas de políticas públicas realmente ejecutables, que los condenarán al fracaso administrativo y al desprestigio político.

Por lo tanto, frente a los nuevos desafíos políticos y una tendencia social irreversible, el camino será tomar la iniciativa y sumergirse en el mundo de la transparencia y el acceso a la información, que sin dudas, tendrá excelentes resultados para la sociedad y posiblemente también para aquellos políticos que quieran representarla.

Publicado en “Reflexiones Políticas VIII”. Diciembre de 2018

2019-07-10T15:49:34+00:00 01/12/2018|Categories: 2018, Opinión|