Opinión

Seguridad: Consolidando una política de estado. Por Patricia Bullrich

Desde el primer minuto de nuestra gestión decidimos impulsar un nuevo paradigma en materia de seguridad que dimensione correctamente los problemas reales, sin revanchismo con el pasado y de cara a la construcción de un futuro mejor para todos los argentinos.

En nuestro país estamos acostumbrados a contar con, apenas, un puñado de políticas de estado que se mantienen en el tiempo más allá de los recambios gubernamentales. Nosotros estamos absolutamente convencidos que cuidar a los ciudadanos no es un tema menor ni superficial y que para ello, es imperativo construir las bases para que queden firmes, para que los gobiernos que nos sigan puedan seguir construyendo sobre ellas.

Vemos desde siempre que cada gestión que comienza, barre con todo lo hecho anteriormente. Nosotros entendemos que no debe ser así. Sin embargo y, a nuestro pesar, ni siquiera tuvimos algo para modificar porque nos encontramos con un país que no estaba preparado para proteger a sus habitantes.

Al hacer un primer diagnóstico, notamos que este Ministerio no era más que una institución encapsulada, con un vínculo casi nulo con las fuerzas encargadas de llevar adelante la compleja y arriesgada tarea cotidiana de brindar seguridad.

Para quienes tenían la responsabilidad de concebir, diseñar e implementar políticas, la inseguridad era una simple “sensación” que se combatía con golpes de efecto o a través de su sistemática negación. Parecía que, ocultando las estadísticas, la realidad violenta y liderada por organizaciones criminales podía desaparecer.

Tampoco existía el federalismo (tan pregonado) ni directivas que tendieran a la protección más elemental de la vida de quienes todos los días arriesgan la suya para que vivamos en un país más seguro.

Por estas razones, nos pusimos a trabajar en la reconstrucción de un estado sin violencia que fuera adoptando como su forma de accionar habitual una cultura de la paz. No puede ser que la Ley quede subsumida a la interpretación de cada uno y que el simple principio de autoridad sea entendido como autoritarismo.

Así las cosas, vimos que era prioritario impulsar un gran cambio cultural que, pretendemos, se vaya institucionalizando en el tiempo con conductas de base, leyes que las apuntalen y claras sanciones éticas, morales y penales que marquen claramente límites.

Para convivir en orden y en paz es necesario poner en el centro de la consideración a las víctimas y a la sociedad y no a quienes delinquen o se convierten en victimarios.

También, vimos claramente que era hora de transformar permanentemente a las instituciones y las fuerzas de seguridad, haciendo énfasis en el cuidado de quienes nos cuidan.

Sabemos que nuestra actividad es dinámica y que toda gestión es pasajera. Por eso, pretendemos terminar la nuestra habiendo reforzado los pilares institucionales y estableciendo una serie de lineamientos que indiquen el camino a seguir, con total independencia de los vaivenes políticos.

Víctimas y victimarios. Cuidando a quienes nos cuidan.

Resultaba imposible proteger a la sociedad mientras la inseguridad continuara siendo considerada como una “sensación” y en tanto el poder como la justicia se inclinaran más hacia la defensa de quienes infringían la Ley que hacia las reales víctimas.

Hoy protegemos a la sociedad de la delincuencia con apego absoluto a la Ley y jerarquizamos a quienes salen cada día a la calle para preservar nuestra integridad física. No puede ser que gendarmes, prefectos y oficiales tengan temor a involucrarse porque pueden ser castigados por su accionar. Con esta visión de las cosas, nunca tendremos quien nos proteja.

Gobiernos que se preocuparon más por la suerte que correrían los delincuentes que por el bienestar de las víctimas, lograron que las Fuerzas se paralizaran, resultando esta actitud de brazos caídos absolutamente funcional al delito.

Al asumir nuestra gestión vimos este panorama y sin dudar, decidimos que había que acomodar estas piezas que daban forma a un “mundo del revés”.
Para comenzar, le dimos prioridad a la formación y capacitación permanentes de cada hombre y mujer que integra las Fuerzas, cualquiera sea su jerarquía.
Así, implementamos un cambio cualitativo fundamental que apunta no sólo a mejorar los indicadores de desempeño sino también a afianzar la propia seguridad de los agentes y de los ciudadanos a la hora de realizar acciones públicas y procedimientos.

Ahora es la autoridad política quien designa a los rectores y equipos académicos civiles en los institutos de formación de cada una de las fuerzas.

Logramos aprobar y homologar a nivel nacional los mismos planes de estudio para las fuerzas, aumentando de 3 a 9 meses su duración.

Creamos un nuevo curso de ingreso con contenidos actualizados y criterios rigurosos de selección para suboficiales de las fuerzas federales; fundamos el ICCE (Instituto Conjunto de Coordinación Estratégica) como instancia de especialización superior conjunta, destinada a altos oficiales de las Fuerzas Federales del país y de las policías provinciales.

Establecimos manuales para la Formación de Formadores realizados por especialistas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Intensificamos el entrenamiento para cuando las fuerzas federales ingresan y egresan de sus hogares, dado que es una de las principales causas de muerte durante los enfrentamientos con delincuentes .

Todo esto acompañado por mejoras salariales, saneamiento de cajas jubilatorias, optimización de los sistemas de compras de insumos y la paulatina modernización de la infraestructura de comunicaciones, vehículos, armas, chalecos, sistemas de videovigilancia, radarización, lanchas artilladas para patrullaje costero, helicópteros, drones y diversos desarrollos tecnológicos propios al servicio de la seguridad en trenes, acceso a los estadios de fútbol y ciberpatrullaje.

Seguridad Ciudadana y lucha contra las mafias

Dos de nuestras grandes preocupaciones son: la mejora de la seguridad ciudadana, haciendo foco en la necesidad de reducir los robos y los homicidios dolosos y combatir todo tipo de mafia que decida instalarse o actuar en nuestro país.

Para cumplir con estas metas llevamos a cabo múltiples acciones, entre las que se destaca especialmente el despliegue de miembros de las Fuerzas Federales en todas las provincias, para lo que trabajamos en conjunto con los gobiernos locales. Les pedimos que se sumen a las políticas y programas por intermedio del Consejo de Seguridad Interior con el fin de lograr mayor efectividad.

El trabajo codo a codo y la comunicación fluida y permanente son esenciales.

También mejoramos la infraestructura para la prevención del delito en espacios públicos y medios de transporte.

Sí, pretendemos que los malvivientes se den cuenta que cada vez les costará más delinquir. Y que las sanciones son cada vez más rigurosas. Ya no tienen espacio en nuestro país.
Un claro ejemplo es el Programa Barrios Seguros, que a través del accionar conjunto del gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales, busca reducir la presencia del crimen organizado, el delito y la violencia en aquellos territorios identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social.

Para nosotros, “mafia” es toda organización clandestina de criminales que ejerce su poder mediante el chantaje, la extorsión, la violencia y el crimen de sangre.

stos grupos delictivos, extremadamente peligrosos, intentan expandir el alcance y la rentabilidad de su “negocio” sin el menor escrúpulo, convirtiéndose en una amenaza para la ciudadanía y para quienes llevan adelante actividades legales emparentadas con su accionar y objetivos.

El combate a las mafias que implementamos desde el Ministerio de Seguridad se diseña e implementa teniendo en cuenta la especificidad delictiva de cada “rubro” o “fuente de negocios”.

Así es como nuestro abordaje es de carácter distintivo y las técnicas empleadas para su combate siguen patrones particulares de acción. Los enfrentamos con herramientas específicamente desarrolladas para atacar a las mafias del contrabando y de la aduana; las mafia de los desarmaderos y del robo de automotores; la mafia del fútbol; la de los piratas del asfalto; la de la trata de personas; la mafia de los secuestros extorsivos; las mafias sectoriales y las de corrupción; la de la pedofilia, la pornografía infantil y el grooming, que se da especialmente a través de las redes.

Lucha contra el narcotráfico

La lucha contra el narcotráfico es uno de los principales compromisos que asumimos en sintonía con la voluntad del presidente Mauricio Macri. Trabajamos para la desarticulación total de las bandas criminales, incluyendo toda su cadena de comercialización. Estos clanes, muchas veces familiares, generan violencia; captan jóvenes “soldaditos”; compiten por el dominio y la expansión territorial; intentan consolidar un estado ilegal que reemplace al Estado de Derecho; buscan corromper a las instituciones; lavan dinero y, por supuesto, causan un inmenso daño a la salud de la población.

Se trata de un esfuerzo nacional para el que concebimos e implementamos el acuerdo Argentina Sin Narcotráfico por el que aseguramos la participación y el compromiso de todas las provincias y el acompañamiento coordinado de múltiples agencias y reparticiones estatales. En este sentido, federalizamos los Centros de Inteligencia Criminal Regionales e incorporamos la mejor tecnología del mundo para la vigilancia fronteriza.

Trazamos mapas del delito a partir de la unificación y geolocalización de la información existente sobre todos los ilícitos, para atacar a las bandas con la mayor efectividad.

Profesionalizamos, formamos y capacitamos a los miembros de las Fuerzas Federales en investigación sobre narcocriminalidad, impulsando su participación operativa conjunta.

Adecuamos la legislación a la decisión de ir hacia una Argentina Sin Narcotráfico impulsando las leyes como las del arrepentido, el agente encubierto, el agente revelador, el informante, la de entrega vigilada, el nuevo Código Procesal Penal, la Penalización del desvío de Precursores Químicos, la Ley de Flagrancia y la Ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad.

Recuperamos la colaboración transnacional en la lucha contra el crimen organizado y tomamos la decisión de controlar efectivamente los precursores químicos para evitar la existencia de cocinas y laboratorios que produzcan estupefacientes.

Asimismo, institucionalizamos severos mecanismos de control y transparencia al interior de las fuerzas para restarle espacio a la corrupción y mejoramos la cooperación con la Justicia Federal y de las Provincias.

Resultados

La aplicación de este nuevo paradigma en seguridad está consiguiendo resultados que la sociedad reconoce. Llevamos años de incautaciones récord de drogas. Lo mismo sucede con las autopartes secuestradas, las cifras de contrabando, las víctimas de trata liberadas y la disminución de los secuestros extorsivos y de las muertes en estadios de fútbol.

También fue en aumento la cantidad de capturas de personas prófugas de la justicia, así como disminuyeron los fallecimientos de civiles en enfrentamientos vinculados a las fuerzas de seguridad.

Por cierto, no es que hayamos resuelto la cuestión de la inseguridad ni que hayamos terminado definitivamente con las mafias o el narcotráfico, pero estamos convencidos de que vamos por el camino seguro, cimentando una verdadera política de estado que pueda tener continuidad en los gobiernos que prosigan.

Publicado en “Reflexiones Políticas VIII”. Diciembre de 2018

2019-07-12T12:39:16+00:00 01/12/2018|Categories: 2018, Opinión|